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Siria devolvió esta semana a Francia la Gran Cruz de la Legión de Honor que el expresidente Jacques Chirac concedió a Bashar Al Assad en 2001 por considerarla un «deshonor». Fue la respuesta de Damasco al ataque del pasado sábado liderado por Donald Trump, en el que tomaron parte también fuerzas británicas y francesas, que lanzaron más de cien misiles contra tres objetivos que, según el Pentágono, estarían vinculados al programa de armas químicas sirio. Assad c
umplirá en julio 18 años en el poder, los últimos siete marcados por una guerra que deja medio millón de muertos y más de la mitad del país refugiada o desplazada, una guerra que ha convertido a quien fue galardonado con la más alta distinción que otorga Francia, en un «animal», según Trump, responsable de «una política de extermino», en palabras de Amnistía Internacional, y «culpable de usar armas químicas de forma reiterada», de acuerdo a los informes de la ONU. El ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, advierte además que «llegará el día en el que la justicia internacional se pronuncie sobre Assad como criminal de guerra». Nada que ver con lo que defendía el Elíseo hace 17 años.
En 2001, el presidente sirio acababa de llegar al poder tras la muerte de su padre, Hafez, que había gobernado durante tres décadas. Por aquellos días realizó una gira por Europa que, además de Francia, también le llevó a España, donde fue recibido por Sus Majestades los Reyes y el presidente del Gobierno, José María Aznar. Viajó acompañado de su esposa, Asma, y aparecieron hasta en las revistas del corazón. Dos años más tarde, Don Juan Carlos y Doña Sofía viajaron a Siria donde visitaron Damasco, Palmira y Alepo. Siria tenía también relaciones cordiales con Turquía, Recep Tayyip Erdogan tomó parte en la inauguración en 2007 del estadio de Alepo ante 75.000 personas, y los países del Golfo, para los que Siria era uno de los destinos favoritos de vacaciones. En 2009, el entonces senador estadounidense John Kerry cenó con el matrimonio Assad en la Ciudad Vieja de Damasco y calificó a Bashar como «un actor esencial para traer paz y estabilidad a la región», pero cuando estalló la guerra en 2011 todo saltó por los aires y solo Rusia e Irán han permanecido junto al mandatario sirio, un respaldo tan firme como el que le han proporcionado las minorías a nivel doméstico.
«Assad no ha cambiado, es el mismo de siempre, lo que ocurre es que en Europa son demasiado inocentes e imaginaban que realmente traería reformas y apertura, sin pararse a pensar que era hijo de quien era. El planteamiento occidental es cínico, le usaron mientras servía a sus intereses y después le han dado la espalda», explica a este medio el profesor Eyal Zisser, autor de libros como ‘Dirigiendo Siria: Bashar Al Assad y los primeros años en el poder’ o ‘El legado de Assad: Siria en transición’ , obras que profundizan en la herencia recibida por el actual dirigente sirio. Una herencia que ha marcado de forma decisiva su forma de actuar, según Zisser.
Bashar creció a la sombra de su hermano Basel, quien estaba llamado a heredar el cetro de poder de la familia. Tras estudiar Oftalmología en Damasco viajó en 1992 a Londres para completar su especialización. En la capital británica conoció a la que más tarde se convertiría en su esposa, Asma, con la que tiene tres hijos, pero sus estudios en el extranjero apenas duraron dos años ya que en 1994 Basel falleció en un accidente de tráfico y tuvo que regresar de urgencia a Damasco. Fue el primer giro radical en su vida y le obligó a iniciar su formación acelerada como futuro presidente, cargo que tuvo que asumir tras la muerte de su padre en 2000.
De Hama a la «Primavera Árabe»
Sus primeros años al frente del país estuvieron marcados por ligeras reformas, la entrada de Internet en el país y una apertura económica neoliberal que le otorgaron una imagen modernizadora frente a la era de Hafez, pero la esperanza no tardó en disiparse y la conocida como «primavera de Damasco», se marchitó. La auténtica ‘primavera’ llegó para Assad en 2011, cuando se produjo el segundo gran giro en su vida. El dirigente tenía 46 años cuando estallaron las revueltas en el marco de la conocida como «Primavera Árabe», procesos revolucionarios que acabaron con décadas de dictaduras, como las de Mubarak en Egipto o Gadafi en Libia, y aplicó el manual que su padre empleó en los ochenta contra los Hermanos Musulmanes en Hama.
Hafez, creador de la Siria moderna, tenía 50 años cuando le tocó enfrentarse a la crisis más grave a la que jamás se enfrentó su gobierno: el levantamiento de la Hermandad. La respuesta fue implacable. En febrero de 1982, envió sus tropas a la ciudad que se levanta a orillas del río Orontes para reprimir un levantamiento y hubo miles de muertos, 40.000 según algunas fuentes. Acabó por la fuerza con tres años de inestabilidad provocada por los miembros de la Cofradía en todo el país.
«La rebelión de Hama fue importante, pero supuso un desafío mucho menor que el levantamiento de 2011 para el régimen y Bashar recurrió, sin dudarlo, a los mismos métodos de su padre desde el primer momento. Los sirios siempre dicen que el problema está en ‘la gente que le rodea’, pero lo cierto es que aunque esta gente cambia, él sigue. Bashar tiene la última palabra y el poder total», piensa el profesor Zisser, que ve al mandatario sirio como «el actual ganador de la guerra» y no descarta que «en el futuro pueda incluso pasar el testigo a su hijo mayor», que se llama como su abuelo, Hafez.
Moshe Maoz, autor de la biografía «Assad, la Esfinge de Damasco», piensa que «su padre era general y Bashar no lo es, pero cumple 18 años en el poder y ha dado muestras de tener una personalidad fuerte y de contar con un apoyo firme de las minorías, Hizbolá, Irán y Rusia, no está solo». Para este veterano profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén «la imagen de líder aperturista se acabó en cuanto se dio cuenta de que podía perder el poder, entonces pasó a convertirse en un dictador frío y por eso los datos de la guerra son terribles».
Blindado por la familia y las minorías
Bashar tiene el apoyo internacional de Irán y Rusia, pero a nivel doméstico cuenta con la coraza levantada por su padre. El núcleo duro del sistema es la familia y está reforzado por el respaldo de las minorías religiosas y étnicas. Mientras Estados Unidos llamaba «animal» a Assad tras la denuncia del ataque químico del 7 de abril, el obispo caldeo de Alepo, Antoine Audo, recordaba que en Siria «hay un gobierno legítimo que está venciendo a grupos terroristas islamistas en Guta, después de recuperar el control de Alepo y Deir Ezzor. ¡Y justo en ese momento comienzan a hablar de armas químicas, alegando que quieren defender los derechos humanos y la democracia!»
Las últimas cuatro décadas han supuesto una especie de paréntesis para los alauíes (antiguamente nusairis, y que no tiene relación alguna con la dinastía homónima marroquí), la secta a la que pertenecen los Assad, que han dejado atrás una historia marcada por la persecución y el sometimiento a la gran mayoría suní, entre el 70 y el 75 por ciento de la población. Representan apenas entre 12 y el 15 por ciento de los 24 millones de sirios, siempre según los datos anteriores a la guerra, pero desde 1971 están en los puestos clave del país. La llegada al poder de Hafez marcó el ascenso dentro del sistema y del partido Baaz de miembros de esta confesión que lideran los principales órganos de las fuerzas de seguridad y la inteligencia («mujabarat»).
El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a cargar contra el exdirector del FBI, James Comey, y le acusó de violar la ley al hacer públicos unos polémicos memorandos en los que recogió con todo detalle sus conversaciones con el mandatario.
«Los memorandos de James Comey están clasificados, yo no los desclasifiqué. ¡Pertenecen a nuestro gobierno! Por lo tanto, ¡violó la ley!», apuntó Trump en su cuenta de Twitter, dos días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. entregara a los líderes de tres comités de la Cámara de Representantes esas controvertidas notas.
Los siete documentos en cuestión, que detallan siete conversaciones entre Trump y Comey, son supuestamente una parte central sobre la investigación de la llamada trama rusa, que tras el despido de Comey pasó a manos del fiscal especial Robert Mueller.
La investigación busca esclarecer un supuesto plan con intervención del Gobierno ruso para beneficiar en las elecciones al ahora presidente en perjuicio de la demócrata Hillary Clinton.
Comey, por medio de un amigo, entregó uno de esos memorandos al diario The New York Times para desvelar los supuestos intentos de Trump por cerrar la investigación rusa y provocar el nombramiento, como finalmente ocurrió, de un fiscal especial para garantizar la neutralidad de las pesquisas.
En uno de sus tuits de hoy, Trump desmintió la información que aparece en los memorandos de Comey, a quien catalogó de «mentiroso», y dijo que «se inventó totalmente muchas de las cosas» que escribió.
En los documentos, hechos públicos por la prensa estadounidense, se repiten los comentarios despectivos de Trump sobre el «nubarrón» de la investigación rusa, así como referencias al supuesto encuentro de Trump con prostitutas en 2013 en Moscú, un incidente recogido en un dossier del exespía británico Christopher Steele.
Ese dossier asegura que Trump pidió a varias prostitutas que orinaran, mientras él miraba, en el colchón de la misma suite presidencial del Hotel Ritz Carlton de Moscú en la que se había hospedado su antecesor, el expresidente Barack Obama, y su esposa, Michelle Obama.
En sus conversaciones con Comey, Trump negó en varias ocasiones lo que él llamaba «la cosa de la lluvia dorada» y llegó a decirle que «lo de las putas no tenía sentido», era parte de las «noticias falsas» y que la primera dama, Melania, estaba bastante molesta por la posibilidad del «uno por ciento» de que fuera cierto.
El cubano Miguel Díaz-Canel, flamante presidente del Consejo de Estado, ha asegurado que será totalmente fiel al legado ideológico de Fidel, y ha jurado que seguirá lealmente los pasos de su antecesor y mentor Raúl Castro.
Incluso, como paso previo a su ascensión al cargo, hace unos meses la policía política filtró mágicamente un video en el que se dirigía a los cuadros del Partido Comunista, en el que se muestra como un duro entre los duros, con el objeto de eliminar cualquier duda sobre sus intenciones y descartar cualquier obscura ilusión aperturista.
Además, Díaz–Canel, que está en la fase de «adhesión incondicional al régimen», es uno de los pocos dirigentes que se ha atrevido a atacar a Obama declarando que era el mismo imperialista de siempre, decidido a enterrar la revolución cubana, sólo que por el método del abrazo en lugar de recurrir al rechazo tradicional.
¿Pudiera cambiar el relato? Como viví la transición española, nada me sorprende. Recuerdo los primeros discursos del Rey Juan Carlos tras la muerte de Franco. No olvido que Adolfo Suárez era uno de los «40 de Ayete», el grupo de diputados elegidos para sostener el modelo de Estado creado por el Caudillo. Cuando llegó la hora del cambio, 37 diputados abrazaron la transición en las Cortes y participaron del harakiri franquista.
¿Quién es Díaz-Canel? El periodista y escritor Juan Manuel Cao asegura, y tiene razón, que un régimen como el cubano no permite que nadie ascienda dentro de la estructura de poder sin ensuciarse las manos con delaciones, informes comprometedores, silencios convenientes y otras detestables canalladas que convierten a quienes las realizan en «revolucionarios confiables».
Pero también tiene razón el abogado Santiago Alpízar, quien conociera a Díaz-Canel y lo tratara socialmente en la juventud. Nunca hablaron de cuestiones políticas y sólo recuerda a un tipo amable, sensible al arte, a quien le gustaba el rock and roll, lo que era mal visto en esa época, deportista, y siempre dispuesto a echar una mano. En definitiva, las dos percepciones pueden ser ciertas. Lo más grave del comunismo o del nazismo es que saca lo peor de la gente normal y suele inducir comportamientos atroces.
Más allá de las habituales consignas con que concluyó sus palabras de aceptación del cargo –«¡Patria o muerte! ¡Viva el socialismo!»– este ingeniero de 58 años fue elegido para llevar a cabo las reformas proclamadas por Raúl Castro y efectuar algunas transformaciones esenciales que la economía necesita urgentemente. Ese detalle es clave para que eventualmente exista una verdadera transición. Quienes pueden iniciarla tienen que creer que es imprescindible.
Ésa es una de las mayores diferencias entre Fidel y Raúl. Cuando se asomaba a la ventana, Fidel veía una sociedad de revolucionarios austeros, felices de someterse a las penurias de la vida cotidiana. Cuando es Raúl quien se asoma a la misma ventana, con gran realismo ve a una sociedad hambreada, que vive en condiciones miserables, fatigada por 60 años de prometerles una calidad de vida que cada vez dista más, y teme que algún día se produzca un estallido social.
Los capitostes del régimen, con Raúl a la cabeza, comparten el criterio, muy generalizado en Cuba, de que el país es un completo desastre del que casi todos los menores de 25 años quisieran emigrar. Saben que el principal problema de la isla no es el embargo de Estados Unidos, sino la improductividad, consecuencia de la desilusión que surge de percibir que no importa lo que sepas o lo que hagas, no importa lo que te esfuerces, tu vida seguirá siendo una infinita sucesión de estrecheces y miserias, día tras día, porque así ha ocurrido durante seis décadas.
Hasta ahora, ésos son los dos elementos esenciales de todas las transiciones verdaderas: primero, la convicción de que se necesita un cambio y, segundo, el fracaso de unas reformas dentro del sistema que no conducen a ninguna parte. Recuerdo a Gorbachov en 1986 prohibiendo la venta de vodka para aumentar la productividad de los soviéticos. Lo único que provocó fue la producción de alambiques caseros y el aumento estratosférico del precio del vodka regular, hasta que se produjeron algunas muertes por la ingestión de lociones para después de afeitarse.
Al yugoslavo Milovan Djilas, sucesor natural de Tito, le costó perder todos sus cargos públicos y la cárcel, advertir en 18 artículos publicados en «Borba», el periódico de los comunistas, que el comunismo no era reparable y debía sustituirse por un sistema sin planificación centralizada, sin granjas colectivas, con un gobierno pequeño, controlado por auditores distintos al partido único que había cometido el desaguisado. Años más tarde publicó «La nueva clase», explicando cómo el comunismo había segregado una maraña burocrática que era la heredera de la burguesía, pero infinitamente más torpe y costosa.
Si en 10 años de gobierno oficial las reformas de Raúl no han dado resultado, porque son parches al mismo sistema, puede predecirse que a Díaz-Canel le sucederá lo mismo. Para comenzar la reparación del sistema deberá darle un valor real a la moneda nacional, el peso, dejándola flotar y liberalizando los precios, lo que generaría una severa inflación y un mayor empobrecimiento temporal hasta que la sociedad se asiente y el aparato productivo vuelva a crecer.
En ese punto, arrastrados por los fracasos, es que Díaz-Canel, si no lo han destituido, o si no lo han fusilado al amanecer, pudiera aceptar lo inevitable: iniciar una verdadera transición de carácter económico, tirando por la borda el lastre del marxismo-leninismo, abandonando la nociva programación centralizada, proclamando que enriquecerse es conveniente, como en China, siempre que sea el fruto del trabajo, admitiendo las inversiones extranjeras y las iniciativas de los emprendedores, como en Vietnam, mientras que aceptan el mercado como el ámbito natural de la economía.
Ese momento llegará, pero, como todo víacrucis, tiene sus inevitables pasos.
La investigación de la llamada trama rusa no deja de deparar encontronazos entre Donald Trump y sus altos cargos del ámbito judicial. En medio de los continuos rumores sobre la destitución del fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, a quien el presidente ha señalado desde que el FBI registrara la casa de Michael Cohen, su abogado y hombre de confianza, el fiscal general de Estados Unidos ha vuelto a entrar en juego. Jeff Sessions ha llamado esta semana al consejero de la Casa Blanca, Donald McGhan, para enviarle el mensaje inequívoco de que la marcha de Rosenstein conllevaría la suya propia.
En su conversación telefónica, Sessions se interesó por la reunión que mantuvo su número dos con el presidente en la Casa Blanca, el pasado 12 de abril, en la que arreciaron las cábalas en torno a una posible destitución. El fiscal general transmitió a McGhan su deseo de que la entrevista se hubiera mantenido «en tono cordial», según «The Washington Post», algo que no ha trascendido.
Aunque las fuentes consultadas por el periódico aseguran que el mensaje de Sessions no fue amenazante, el hecho es que una dimisión del fiscal general que acompañara al cese de su adjunto supondría el descabezamiento total del Departamento de Justicia, en una profunda crisis con pocos precedentes.
El caso de la actriz porno
La gestión dentro de la Administración de las pesquisas para determinar si el entonces candidato republicano entró en connivencia con el Gobierno de Putin constituye un quebradero de cabeza para todos los afectados. En su continuo cambio de temperamento, Trump baraja desde hace meses la destitución de alguno de los responsables de la investigación de la trama rusa. Sobre todo, desde que el fiscal especial, Robert Mueller, entrara a determinar si el controvertido presidente incurrió en un delito de obstrucción a la Justicia cuando destituyó al director del FBI, James Comey.
El llamativo episodio en el que agentes de la Oficina Federal hicieron acopio de documentación en posesión de Cohen (quien fuera su letrado y «hombre para todo»), dentro del caso de Stormy Daniels, la actriz porno que fue sobornada para que desvelara su relación con el entonces candidato republicano, ha soliviantado a Trump. A medio camino entre la indignación y el temor al hallazgo de información comprometida, el hoy presidente intenta frenar la investigación federal.
Aunque para Trump el pecado original lo cometió su fiscal general, cuando decidió apartarse del caso de la trama rusa por haber sido uno de los miembros de su equipo electoral que mantuvo contactos con cargos rusos. Desde entonces, Trump ha culpado a Sessions de todos los males, y lo ha hecho pública y ruidosamente.
En la estrategia presidencial de cortocircuitar la investigación de la trama rusa, ha entrado en acción recientemente su exasesor Steve Bannon. Su salida de la Casa Blanca y caída en desgracia en el entorno de Trump no ha sido impedimento para que el padre intelectual del neonacionalismo trumpista haya planteado a su antiguo jefe un plan de autoprotección, según ha trascendido. No es casualidad que la estrategia empiece por la destitución del fiscal general adjunto, de quien depende el fiscal especial. La aplicación del plan llevaría posteriormente a romper la colaboración con Mueller, quien planteó el interrogatorio a Trump, que los equipos de ambos llevan negociando algunas semanas.
Apoyo de 800 empleados
Los incesantes rumores sobre una destitución de Rosenstein han llevado a ochocientos empleados y exempleados del Departamento de Justicia a suscribir una carta abierta en la que demandan al Congreso protección para el fiscal general adjunto.
El llamamiento, basado en «la necesidad del cumplimiento de la ley», se produce después de que la mayoría republicana haya rechazado una iniciativa demócrata similar.
El abogado Cohen, con «la sartén por el mango»
La relación entre Donald Trump y Michael Cohen, quien fuera su abogado y hombre de máxima confianza durante años, incluida la etapa de la campaña presidencial, se ha enfriado después de que agentes del FBI registraran la casa y el despacho del letrado.
Miembros del entorno del presidente no ocultan su temor a que Cohen colabore estrechamente con la investigación, algo que Sam Nunberg, exasesor de campaña de Trump, define así: «Es una ironía, pero, al contrario de lo que ha ocurrido siempre entre ellos, es ahora Cohen quien tiene la sartén por el mango».
Los abogados del presidente estadounidense son conocedores de la información comprometida en poder de Cohen, lo que ha llevado al equipo a prepararse ante la eventualidad de que el FBI se haga con ella, informa «The New York Times».
El temor a una cooperación total con la investigación por parte de Cohen fue transmitida hace unos días a Trump por Jay Goldberg, uno de sus exabogados, para quien «no es una persona tan leal como él cree».
En una desautorización total hacia su colega, Goldberg le planteó al presidente gráficamente: «En una escala de protección hacia ti de uno a cien, Cohen no llega ni a uno».
Esta semana, el 19 de abril, exactamente, Nicolás Maduro ha cumplido un lustro en el poder. Cinco años en los que la situación política, social y económica en Venezuela han empeorado de manera dramática. Así lo confirman las cifras recogidas por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), un organismo no gubernamental, creado en 1988, mucho antes de la llegada del chavismo al poder, que realiza un informa anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
«Cuando Nicolás Maduro llegó al poder, y debido a su procedencia civil -era un sindicalista del metro de Caracas-, apostábamos a que su gobierno iba a detener o desmontar la militarización del Estado que había hecho Hugo Chávez durante su gestión. Lamentablemente, no fue así», explica a ABC Inti Rodríguez, coordinador de Comunicación de Provea. «Al contrario. Maduro consolidó esa militarización del estado de la sociedad venezolana, la profundizó con más presencia de militares en la gestión pública». A eso se sumó la militarización de «la seguridad ciudadana, y de las relaciones del Estado con sus propios ciudadanos». Esto ha provocado el incremento de la represión, «a nivel cuantitativo y cualitativo», como evidencian las cifras que Provea ha hecho públicas esta semana, y que recogen datos de los últimos cinco años. «El gobierno de Maduro se ha convertido en el más represivo en los últimos 30 años de la historia política de Venezuela». En este lustro, las cifras ha roto récords: 34.332 personas han sido detenidas durante las protestas contra el gobierno de Venezuela, y 210 personas han muerto «en el marco de manifestaciones pacíficas», señala Rodríguez. Detenciones arbitrarias, «por el mero hecho de manifestarse» que las que no se ha respetado «la legislación nacional». En ellas existe una característica común: la violación del derecho a la defensa y en muchos casos la incomunicación. A esto se suma, que «solo el año pasado más de 700 personas fueron sometidas a justicia militar».
En cuanto a la cifra de muertos, Rodríguez asegura que la mayoría de esas personas «fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública o por agrupaciones paramilitares, conocidos aquí como colectivos». Una cifra, 210 muertos, que contrasta con los 86 muertos habidos entre 1991 y el año 2012, en protestas. En los cinco años de Maduro en el poder, la cifras de muertos por manifestarse es casi el triple que el número de fallecidos en los 21 años anteriores. (En lo que va de año y son 9 muertos en protestas). Esos 210 muertos es alarmante pues demuestra la ausencia de garantías del derecho de manifestación en Venezuela.
Estado policial
Otro aspecto que denota la alarmante «escalada» de la represión en Venezuela, es el número de personas que sufren torturas o son heridas en las manifestaciones. Según Provea, el año pasado el número de denuncias por violación a la integridad personal se situó en 23.227. El más alto en los últimos 57 años. Una situación que no solo afecta a los presos políticos, si no también «a la poblacion civil particular», señala Rodríguez. «El año pasado el Gobierno de Maduro adoptó tácticas propia del terrorismo de Estado. Lo que América Latina vivió en dictaduras como la Chile, la Argentina, la peruana de Fujimori...». El objetivo de llevar a la práctica este «patrón sistemático» de represión no es otro que «infundir miedo a la población para que se inhiba de expresar su descontento». En paralelo a la actuación contra los manifestantes, continúa, «el gobierno de Maduro fue sofisticando el año pasado todo un andamiaje jurídico y del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica dirigido a construir un estado de derecho policial en el que todos los ciudadanos se conviertan en delatores, para ejercer más control sobre la población».
Éxodo
La violencia, la hiperinflación (el FMI cree que 2018 se podría cerrar con un 13.000%), la escasez de alimentos y medicinas -«en febrero de este año el 87% de los hogares estaban en situación de pobreza. Una cifra superior a la que había antes de la llegada del chavismo al poder»- han provocado un éxodo de la población venezolana. Según un informe de la ONU, podría afectar «a finales de este año al 10% de la población», lo que supondría la marcha del país de tres millones de venezolanos «que huirían del hambre y de la represión», buscando refugio en los países vecinos.
Siria devolvió esta semana a Francia la Gran Cruz de la Legión de Honor que el expresidente Jacques Chirac concedió a Bashar Al Assad en 2001 por considerarla un «deshonor». Fue la respuesta de Damasco al ataque del pasado sábado liderado por Donald Trump, en el que tomaron parte también fuerzas británicas y francesas, que lanzaron más de cien misiles contra tres objetivos que, según el Pentágono, estarían vinculados al programa de armas químicas sirio. Assad c
umplirá en julio 18 años en el poder, los últimos siete marcados por una guerra que deja medio millón de muertos y más de la mitad del país refugiada o desplazada, una guerra que ha convertido a quien fue galardonado con la más alta distinción que otorga Francia, en un «animal», según Trump, responsable de «una política de extermino», en palabras de Amnistía Internacional, y «culpable de usar armas químicas de forma reiterada», de acuerdo a los informes de la ONU. El ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, advierte además que «llegará el día en el que la justicia internacional se pronuncie sobre Assad como criminal de guerra». Nada que ver con lo que defendía el Elíseo hace 17 años.
En 2001, el presidente sirio acababa de llegar al poder tras la muerte de su padre, Hafez, que había gobernado durante tres décadas. Por aquellos días realizó una gira por Europa que, además de Francia, también le llevó a España, donde fue recibido por Sus Majestades los Reyes y el presidente del Gobierno, José María Aznar. Viajó acompañado de su esposa, Asma, y aparecieron hasta en las revistas del corazón. Dos años más tarde, Don Juan Carlos y Doña Sofía viajaron a Siria donde visitaron Damasco, Palmira y Alepo. Siria tenía también relaciones cordiales con Turquía, Recep Tayyip Erdogan tomó parte en la inauguración en 2007 del estadio de Alepo ante 75.000 personas, y los países del Golfo, para los que Siria era uno de los destinos favoritos de vacaciones. En 2009, el entonces senador estadounidense John Kerry cenó con el matrimonio Assad en la Ciudad Vieja de Damasco y calificó a Bashar como «un actor esencial para traer paz y estabilidad a la región», pero cuando estalló la guerra en 2011 todo saltó por los aires y solo Rusia e Irán han permanecido junto al mandatario sirio, un respaldo tan firme como el que le han proporcionado las minorías a nivel doméstico.
«Assad no ha cambiado, es el mismo de siempre, lo que ocurre es que en Europa son demasiado inocentes e imaginaban que realmente traería reformas y apertura, sin pararse a pensar que era hijo de quien era. El planteamiento occidental es cínico, le usaron mientras servía a sus intereses y después le han dado la espalda», explica a este medio el profesor Eyal Zisser, autor de libros como ‘Dirigiendo Siria: Bashar Al Assad y los primeros años en el poder’ o ‘El legado de Assad: Siria en transición’ , obras que profundizan en la herencia recibida por el actual dirigente sirio. Una herencia que ha marcado de forma decisiva su forma de actuar, según Zisser.
Bashar creció a la sombra de su hermano Basel, quien estaba llamado a heredar el cetro de poder de la familia. Tras estudiar Oftalmología en Damasco viajó en 1992 a Londres para completar su especialización. En la capital británica conoció a la que más tarde se convertiría en su esposa, Asma, con la que tiene tres hijos, pero sus estudios en el extranjero apenas duraron dos años ya que en 1994 Basel falleció en un accidente de tráfico y tuvo que regresar de urgencia a Damasco. Fue el primer giro radical en su vida y le obligó a iniciar su formación acelerada como futuro presidente, cargo que tuvo que asumir tras la muerte de su padre en 2000.
De Hama a la «Primavera Árabe»
Sus primeros años al frente del país estuvieron marcados por ligeras reformas, la entrada de Internet en el país y una apertura económica neoliberal que le otorgaron una imagen modernizadora frente a la era de Hafez, pero la esperanza no tardó en disiparse y la conocida como «primavera de Damasco», se marchitó. La auténtica ‘primavera’ llegó para Assad en 2011, cuando se produjo el segundo gran giro en su vida. El dirigente tenía 46 años cuando estallaron las revueltas en el marco de la conocida como «Primavera Árabe», procesos revolucionarios que acabaron con décadas de dictaduras, como las de Mubarak en Egipto o Gadafi en Libia, y aplicó el manual que su padre empleó en los ochenta contra los Hermanos Musulmanes en Hama.
Hafez, creador de la Siria moderna, tenía 50 años cuando le tocó enfrentarse a la crisis más grave a la que jamás se enfrentó su gobierno: el levantamiento de la Hermandad. La respuesta fue implacable. En febrero de 1982, envió sus tropas a la ciudad que se levanta a orillas del río Orontes para reprimir un levantamiento y hubo miles de muertos, 40.000 según algunas fuentes. Acabó por la fuerza con tres años de inestabilidad provocada por los miembros de la Cofradía en todo el país.
«La rebelión de Hama fue importante, pero supuso un desafío mucho menor que el levantamiento de 2011 para el régimen y Bashar recurrió, sin dudarlo, a los mismos métodos de su padre desde el primer momento. Los sirios siempre dicen que el problema está en ‘la gente que le rodea’, pero lo cierto es que aunque esta gente cambia, él sigue. Bashar tiene la última palabra y el poder total», piensa el profesor Zisser, que ve al mandatario sirio como «el actual ganador de la guerra» y no descarta que «en el futuro pueda incluso pasar el testigo a su hijo mayor», que se llama como su abuelo, Hafez.
Moshe Maoz, autor de la biografía «Assad, la Esfinge de Damasco», piensa que «su padre era general y Bashar no lo es, pero cumple 18 años en el poder y ha dado muestras de tener una personalidad fuerte y de contar con un apoyo firme de las minorías, Hizbolá, Irán y Rusia, no está solo». Para este veterano profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén «la imagen de líder aperturista se acabó en cuanto se dio cuenta de que podía perder el poder, entonces pasó a convertirse en un dictador frío y por eso los datos de la guerra son terribles».
Blindado por la familia y las minorías
Bashar tiene el apoyo internacional de Irán y Rusia, pero a nivel doméstico cuenta con la coraza levantada por su padre. El núcleo duro del sistema es la familia y está reforzado por el respaldo de las minorías religiosas y étnicas. Mientras Estados Unidos llamaba «animal» a Assad tras la denuncia del ataque químico del 7 de abril, el obispo caldeo de Alepo, Antoine Audo, recordaba que en Siria «hay un gobierno legítimo que está venciendo a grupos terroristas islamistas en Guta, después de recuperar el control de Alepo y Deir Ezzor. ¡Y justo en ese momento comienzan a hablar de armas químicas, alegando que quieren defender los derechos humanos y la democracia!»
Las últimas cuatro décadas han supuesto una especie de paréntesis para los alauíes (antiguamente nusairis, y que no tiene relación alguna con la dinastía homónima marroquí), la secta a la que pertenecen los Assad, que han dejado atrás una historia marcada por la persecución y el sometimiento a la gran mayoría suní, entre el 70 y el 75 por ciento de la población. Representan apenas entre 12 y el 15 por ciento de los 24 millones de sirios, siempre según los datos anteriores a la guerra, pero desde 1971 están en los puestos clave del país. La llegada al poder de Hafez marcó el ascenso dentro del sistema y del partido Baaz de miembros de esta confesión que lideran los principales órganos de las fuerzas de seguridad y la inteligencia («mujabarat»).
La imagen de la petrolera nacional venezolana, Pdvsa, como la vaca que todo el mundo que pudo ordeñó –y sigue ordeñando– en el sistema político chavista, simboliza bien la billonaria corrupción que ha afectado a la compañía en casi dos décadas. La última gran trama denunciada, en la que hubo clonación del sistema informático de la entidad estatal para amañar operaciones y saquear la empresa, acaba de llegar a los tribunales de Estados Unidos.
En la trama, en marcha desde 2004, participaron directivos de la propia Pdvsa e importantes compañías de comercio energético, con un daño a la estatal petrolera estimado en más de 5.200 millones de dólares. Nicolás Maduro ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la gestión de Pdvsa durante el largo tiempo que la presidió Rafael Ramírez (uno de las máximas figuras políticas en la era de Hugo Chávez, hoy depurado por Maduro).
Ya ha habido otras denuncias sobre sobornos a directivos de Pdvsa (singularmente la investigación abierta en Houston y que puede acabar inculpando a Ramírez), pero lo especial de este último caso es que la denuncia la ha presentado la propia Pdvsa (a través de un oscuro fideicomiso).
En realidad, no se trata de una cruzada por la limpieza y la honestidad, sino que obedece a una lucha de facciones, en un capítulo más de la pugna por el expolio de la empresa, en medio de un pulso entre empresarios vinculados a diferentes sectores chavistas.
A principios de marzo de 2018, el fideicomiso PDVSA US Litigation denunció ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que dos consultores venezolanos, mediante el soborno a varios directivos de la petrolera, actuaron conjuntamente con varios corredores internacionales de petróleo para beneficiarse de los contratos de venta y suministro de Pdvsa. La lista incluye a algunos de los principales corredores mundiales, como Glencore, Vitol y Trafigura, y a destacadas compañías energéticas, como Lukoil y Colonial Oil Industries.
La demanda señala que Francisco Morillo y Leonardo Baquero, que crearon la firma Helsinge y se relacionaron comercialmente con Pdvsa, contaron con la ayuda desde dentro de la petrolera de cuatro de sus principales directivos: Marco Malave, jefe del departamento Comercial y de Suministros de 2012 a 2017, y su sucesor, Ysmel Serano (hoy vicepresidente de la estatal); René Hecker, gerente de ese mismo departamento hasta 2013, y Edgar García, gerente del departamento de Flete y Transporte hasta 2008.
Nicolás Maduro, con el presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo (izq.), y el vicepresidente Elías Jaua, durante la visita a La Habana para felicitar al nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel
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Efe
Las acciones fraudulentas se desarrollaron desde al menos 2004 hasta muy recientemente, según consta en la demanda, en una trama de «millones de dólares» en sobornos, pagados muchos de ellos a través de Panamá, y de «miles de millones de dólares» en beneficio para Helsinge y las compañías corredoras internacionales, enriquecidas por los menores pagos realizados a Pdvsa y el sobreprecio de los productos vendidos a esta. El abogado del fideicomiso, David Boies, aseguró estimar en 5.200 millones de dólares lo que Pdvsa dejó de ingresar por la acción de los confabulados.
La trama tuvo acceso directo en tiempo real al sistema informático de la compañía estatal mediante la clonación del servidor del departamento Comercial y de Suministros. El servidor clonado se instaló en las oficinas de Morillo y Baquero en Miami. De esta manera pudieron conocer con antelación las ofertas de otras compañías en procesos de licitación y modificar en su ventaja datos del sistema (la documentación que oficialmente debía guardarse era destruida para evitar la detección de esos cambios).
Imágenes de pantallas de ordenador, obtenidas por ABC, parecen recoger los rastros de esos movimientos de «hackeo». En una de ellas se aprecia el uso de cuentas de correo electrónico que simulan ser de Pdvsa, pero en las que figura ese nombre sin la ese (pdva.com), llevando al equívoco.
Todo esto obedece a una lucha entre facciones. Detrás de la presentación de la demanda se encuentra Wilmer Ruperti, empresario que en el arranque del chavismo se vio favorecido por Hugo Chávez por haber puesto sus barcos a disposición del Gobierno durante el paro petrolero de 2002-2003.
Información privilegiada
Inicialmente, Morillo trabajó para Ruperti en la obtención de información privilegiada de Pdvsa, de acuerdo con fuentes conocedoras del caso. Pero luego ambos se separaron: Morillo se erigió él mismo en cabeza de ese particular negocio, mientras que Ruperti perdió ascendencia sobre Pdvsa por su mala relación con Rafael Ramírez (ministro del Petróleo y presidente de la estatal por diez años). Por su parte, Morillo se aproximó a un hombre clave de Ramírez en Pdvsa, su cuñado Baldo Sansó.
Cuando Ramírez y sus hombres cayeron en desgracia, algo que ocurrió definitivamente en 2017, Ruperti volvió a hacer negocios con Pdvsa. Para ganar el favor de Maduro, Ruperti corrió con los gastos de la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial, en el juicio celebrado contra ellos en Nueva York por narcotráfico. Son esos abogados buscados por Ruperti (el despacho Boies Schiller Flexner) quienes se han encargado de la demanda presentada contra Morillo.
La demanda tiene aspectos oscuros. Se hace desde un fideicomiso opaco y además no se presenta contra los cuatro directivos de Pdvsa que aceptaron sobornos para facilitar las operaciones fraudulentas. También extraña que cuando la preparación de la demanda ya estaba en marcha, Pdvsa estableciera nuevas operaciones con uno de los corredores que iba a demandar, Trafigura, como ha destacado el investigador Alek Boyd. Por su parte, la juez federal Alicia Otazo-Reyes, magistrada en la Corte de Miami, ha cuestionado aspectos formales de la demanda.
Desde que Puigdemont el Errante llevó su dorado exilio pagado con los impuestos de todos los españoles a Bélgica, la opinión pública española anda de sobresalto en sobresalto conforme va descubriendo que en el otro lado del Pirineo sigue tan viva como siempre la imagen de una España inquisitorial y atrasada, pseudoafricana e intolerante, incapaz de gestionar correctamente la democracia y el respeto a la ley. Al sobresalto belga, se han sumado los que ahora vienen de Alemania. Pero hay más.
Los artículos en lengua inglesa se suceden en un tono de irritante superioridad que los ingleses afectan mantener pero que ya no se cree nadie. Y ellos menos que nadie. Tentándose los harapos del imperio que un día creyeron eterno y que solo duró 70 años, las élites inglesas todavía no han podido encajar que un día se levantaron y se encontraron con que las empresas españolas eran el principal inversor extranjero en la isla. ¿Y estos de dónde han salido, si estaban al borde del rescate financiero en 2012?, se preguntan con asombro. Y seguramente no atinan a contestarse que efectivamente los cerdos (PIG’S) pueden volar e incluso aterrizar en territorio inglés -igual que en la portada de Animals, de Pink Floyd- y no precisamente como parias de la tierra.
En 1910 Ortega acuñó una frase que se hizo tremendamente popular y que se convirtió en una especie de faro que atrajo las voluntades de varias generaciones de españoles cultos y no tan cultos: «España es el problema y Europa, la solución».
El contexto que hace posible el éxito de esta frase y explica su trascendencia posterior es el de una España que vive su existencia como un problema, como una anomalía que habita entre lo atrasado y lo inmoral. Ahora bien, se está atrasado con respecto a algo que está delante y se es inmoral con respecto a una norma de conducta establecida de excelencia ética que no se llega a alcanzar.
Eso que está delante y detenta la medalla de la excelencia ética era para los españoles Europa. El verbo «detenta» va usado con toda intención y en el primer sentido que la RAE le da: poseer o retener algo ilegítimamente. Una parte grande de Europa, notablemente la protestante, ha detentado estos títulos de superioridad, incluso, como dijo alguien, ostentóreamente. Sucede, sin embargo, que esta ostentación ostentórea necesita para existir no solo de un alto grado de autoconfianza de los que se consideran superiores sino también de una dosis muy elevada de credulidad de los inferiores. Y es en este segundo flanco donde se está produciendo un estremecimiento genial.
De repente un chiquillo ha gritado que el rey va desnudo en el desfile. Y efectivamente no sólo va desnudo. Además tiene michelines. Quizás habría que invertir los términos de la frase orteguiana y considerar, siquiera como posibilidad, que Europa puede ser un problema y España, la solución.
No es casual que ETA pidiera su perdón selectivo a la vez que el PNV garantizaba apoyo a los Presupuestos
No por casualidad ETA hizo público esta semana el comunicado con el que pide perdón de manera «selectiva» por los asesinatos que ha cometido precisamente a la vez que el PNV garantizó al Gobierno su apoyo, momentáneo, a los Presupuestos Generales del Estado. Asociaciones de victimas y el propio Ejecutivo consideran que los terroristas presionan así a los nacionalistas vascos para que incluyan la mejora de las condiciones de sus presos en esa negociación. Un intento fallido por el rechazo casi unánime de la sociedad española a los términos empleados en esa declaración al que se ha sumado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Hasta qué punto el PNV ha propiciado ese intento de petición de disculpas por parte de los etarras es motivo de especulación. Los gobiernos de Madrid y de Vitoria estaban al tanto de que ETA comunicara públicamente en la primera semana de mayo su disolución. Lo de pedir perdón a los «inocentes» del «conflicto» ha sido un adelanto que coincide con las explicaciones dadas por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, de que su partido no va a presentar enmiendas a la totalidad en el debate de Presupuestos de la semana próxima, lo que permitirá que su tramitación parlamentaria siga su curso a lo largo de un mes en el que los nacionalistas vascos irán negociando capítulo a capítulo.
En el Gobierno se pensaba que las peticiones iban a consistir en mejorar las ventajas económicas que la hacienda vasca tiene negociadas con Montoro, una preocupacion por tener que elevar el precio de su estabilidad que llevó a Rajoy a recibir esta semana a Susana Díaz para anunciarle que va a iniciar urgentemente la reforma de la financiación autonómica para todas las comunidades. Y aunque nadie en el Ejecutivo conoce lo que hablan, con frecuencia, su presidente y el lehendakari, que se sabe que mantienen muy buena relación, la opinión general es la de que el falso perdón anunciado por ETA ha sorprendido a Moncloa pero ha debido de ser conocido, incluso alentado por Urkullu.
ETA tiene aún 243 presos en España, casi todos ellos encarcelados lejos del País Vasco sin disfrutar jamás de permisos penitenciarios. El PNV está pidiendo a cambio de su apoyo a los presupuestos la transferencia de la Seguridad y de... las prisiones. Los terroristas querían asegurar el bienestar de los suyos en mejores condiciones y en carceles vascas antes de disolverse. Y el PNV, quizás apuntarse ese tanto. Si no hubiera sido por los términos miserables en los que ha pedido el esperado perdón, de lo que se ha quejado hasta Urkullu, quizás lo habrían conseguido.
Javier Esparza preside desde hace dos años y medio UPN, el partido que ganó las elecciones en Navarra. Se tuvieron que aliar Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida para que no gobernara. Entre esas cuatro fuerzas predominan dos: la nacionalista vasca y la abertzale. Tras el falso arrepentimiento de ETA, reflexiona en ABC sobre la política navarra y el riesgo de euskaldunización que existe.
¿Qué sensación le produjo el comunicado de ETA?
La primera sensación fue la de vergüenza, que se haga distinciones entre las víctimas. Todas han sido y son víctimas inocentes. ETA no discriminó a la hora de matar y ahora pretende discriminar a la hora de pedir perdón, dando a entender que hay víctimas a las que se sigue culpabilizando y haciendo responsables. Que queda clara una cosa: la única responsable de todo lo sucedido en estos terribles años ha sido la banda terrorista ETA. Ningún daño ni ningún asesinato se hubieran producido si ETA no hubiera existido.
Sin embargo, parece que será el último comunicado antes de anunciar su disolución.
ETA no se disuelve porque sí. ETA ha sido derrotada. Y los artífices de esa derrota han sido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los partidos políticos que desde la unidad se han mostrado firmes frente a la barbarie terrorista y toda la sociedad. Y nunca, nunca hay que olvidar a las víctimas. Seguiremos estando con ellas.
¿Y después de esa disolución?
Todavía es necesario que los terroristas y su entorno ayuden a esclarecer los muchos asesinatos no resueltos. Asimismo, tienen que pagar por los asesinatos cometidos de acuerdo con lo que dictaminen la Justicia y la Ley. El futuro político y social debe desarrollarse en el marco de la legalidad y la Constitución, sin ningún tipo de concesión a los terroristas y sus cómplices.
¿Navarra es a día de hoy más euskaldún que hace tres años?
Este gobierno está intentando que Navarra sea más euskaldún que hace tres años. Hace una política sectaria, identitaria, donde la prioridad es esa, no los problemas de los ciudadanos. Están sembrando, utilizando la educación políticamente para su objetivo, y utilizan también el acceso a la administración pública. Incluso están diciendo qué empresas y cómo van a trabajar con ellos. En Navarra, quien no sabe euskera, que es el 87% de la población, tiene muy difícil ser funcionario porque para ser funcionario cuenta mucho más el euskera. Y las empresas que trabajan con la Administración y que trabajan de cara al público, más allá de que ese servicio la presten en la Ribera, en la Zona Media o la Zona Norte de Navarra, están obligadas a tener planes de formación en euskera. Es una obsesión. Están utilizando la lengua para construir su proyecto nacional que es Euskalherria.
Si gana las próximas elecciones, ¿cómo daría la vuelta a esta política?
Tomando decisiones, sin ninguna duda. Todo lo que está haciendo en política lingüística, el acceso a la función pública… habrá que ponerle sentido común y equilibrio, con igualdad de oportunidades. Es decir, todos los ciudadanos tienen que tener las mismas oportunidades. Dejaremos que cada uno elija libremente si quiere aprender euskera o no. No faltaba más. Y entendemos que tiene que haber proporcionalidad porque Navarra es distinta, diferente, en función de dónde vivas. En el norte hay zonas donde se habla más euskera; en Pamplona se habla muy poquito euskera y de Pamplona para abajo prácticamente no se habla.
En su grupo, de 15 parlamentarios, dos son euskaldunes.
Son dos euskaldunes que viven en euskera con total normalidad. Sienten la bandera de Navarra y dicen que Navarra es una Comunidad foral diferenciada dentro de España. Y ya está. Una cosa nada tiene que ver con la otra. Mucha gente euskaldún vota a UPN porque quieren que Navarra siga siendo una Comunidad diferenciada y no una diputación vasca más, y que el Gobierno de Navarra esté en Pamplona y no en Vitoria, que tenga una Policía Foral diferenciada, y Guardia Civil y Policía Nacional, porque nos sentimos más seguros. A mí lo que me gustaría es presidir una Navarra en la que cualquiera pueda aprender euskera si quiere y que en esas clases de euskera le enseñen que su bandera es la Navarra y su país España, porque eso es lo que somos.
El porcentaje de voto nacionalista es superior a ese 13% que sabe euskera. ¿Significa que hay más ganas de acercarse al País Vasco?
Yo creo que no. La sociedad navarra no es independentista. Mayoritariamente ha dicho que quiere que Navarra sea una Comunidad Foral diferenciada, dentro de España. Creo que la sociedad navarra mira con preocupación a Cataluña porque es un aviso a navegantes. Creo que aquí en Navarra no se quiere que ocurra lo que está sucediendo en Cataluña: se están yendo empresas, hay una fractura social importante. Y la sociedad navarra ha sufrido mucho. Lleva 60 años aguantando a una organización terrorista. Y eso marca a cualquier sociedad. Por lo tanto, el nacionalismo vasco está donde está a día de hoy, hay una mayoría social en Navarra que no es nacionalista y que no es independentista.
¿El Convenio Económico no es una forma de nacionalismo?
No. El Convenio Económico es una forma de relacionarse con España recogida en la Constitución. Pagamos más de lo que nos correspondería. En la balanza fiscal, Navarra es de las comunidades que aporta más de lo que recibe. Siempre hemos sido leales y solidarios con el resto de España y estamos orgullosos de serlo. Y también es un ejercicio de responsabilidad en la gestión de los recursos. La pasada legislatura que hubo una crisis importantísima nacional y que nos afectó obviamente también a Navarra, nosotros no pedimos financiación al Estado. Nosotros no fuimos al Fondo de Liquidez Autonómica. Nosotros tuvimos 1.000 millones menos de ingresos y tuvimos que hacer un ajuste de 1.000 millones de euros en un presupuesto de 4.000. Esto es gestionar desde la responsabilidad, a las duras y a las maduras.
Pero sí que se habla del Convenio como forma de autogobierno que se utiliza como separación de España.
El nacionalismo y los Fueros son antagónicos. El mayor riesgo que tiene el régimen foral de Navarra es el nacionalismo. El régimen foral, el convenio, el autogobierno es pacto y lealtad con España. En un cuarto del escudo de España está la bandera de Navarra, porque somos parte esencial de España. Hemos contribuido a la construcción de este país. Nosotros somos navarros, españoles y europeos. Y eso es lo que queremos seguir siendo.
«En Alsasua no encontramos a nadie para UPN porque te complicas la vida»
-¿Qué relación tiene la euskaldunización de Navarra con lo ocurrido en Alsasua?
-El nacionalismo radical lleva muchos años adoctrinando en la falta de respeto y en la intimidación. Para UPN es muy difícil sacar una lista en alguna localidad concreta a pesar de que tenemos votos. En Alsasua tenemos un concejal que no es de allí. En las generales tuvimos 600 votos, pero no encontramos a nadie de Alsasua que quisiera encabezar la lista de UPN a la Alcaldía porque esa persona sabe que se va a complicar la vida. En una minoría de Alsasua y otras localidades se ha asentado un odio a lo que representa España inoculado durante muchos años por la izquierda abertzale, por un grupo que hoy hacen presidenta a Uxue Barkos. Han sido campañas durante años contra la Guardia Civil, quema de muñecos de guardias civiles, de policías forales. Y aquí no pasa nada. El caldo de cultivo perfecto. Y al final, como ocurre siempre en esta vida, el mundo nacionalista termina defendiendo a sus chicos. Y terminamos intentando minimizar lo ocurrido.
-¿En Alsasua se produjo un delito de terrorismo?
-Que el Gobierno navarro se posicione en un proceso penal es un disparate jurídico. Barkos dice que no es terrorismo. Me tendrá que explicar por qué, porque yo no lo sé, pero ella no es juez. Uxue Barkos no sabe qué es la separación de poderes.
La brisa meció ayer decenas de globos blancos que tenían dibujado un rotundo «Sí». Se pudieron ver en la Puerta del Sol de Madrid donde cientos de personas se manifestaron a favor de la prisión permanente revisable. Pese a que la agenda política discurre por otros derroteros, el clamor de la calle en apoyo a la no derogación de esta ley no cesa. Diana López-Pinel, madre de Diana Quer, leyó un manifiesto antes de emprender camino hacia el Congreso de los Diputados para pedirle a los partidos que se oponen a esta pena que eviten su derogación.
«Tenemos que levantar la voz porque los políticos ya han hablado y ahora nos toca hablar a los ciudadanos», defendió ayer la madre de Diana Quer. «Decimos sí a la prisión permanente revisable para proteger una sociedad que merece seguridad», añadió. Durante la lectura del manifiesto, López-Pinel, que se mantuvo en silencio desde la aparición del cuerpo de su hija, aseguró que seguirán luchando para poner en valor la historia de aquellos a los que les han «arrebatado la vida de una forma injusta».
El PP volvió a destacarse como la formación que con más decisión defiende esta pena. Su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, participó en la concentración mostrando su apoyo a la causa. Casado aseguró que la ley es «positiva» para evitar la reincidencia y «proteger de desalmados que han cometido crímenes abominables». Defendió que es una pena «absolutamente respetuosa» con la Constitución española y con la reinserción.
Una pena muy limitada
Un argumento en el que también insistió ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que desde un acto en Málaga mandó su apoyo a los familiares y reivindicó la reforma que el PP introdujo en el Código Penal. Catalá aseguró que «no es una cadena perpetua», y defendió que es una medida «proporcionada».
El ministro animó a «avanzar en este camino» con una pena que incluso consideró como muy limitada. La prisión permanente revisable solo es aplicable a ocho casos supuestos –como el asesinato después del secuestro o cuando la víctima sea menor de 16 años– mientras que «en otros países es aplicable hasta a 15 casos», explicó, mientras en Madrid centenares de personas arroparon a las familias de las víctimas hasta los aledaños del Congreso.
Allí, bajo la atenta mirada de los leones que presiden el edificio los asistentes soltaron sus globos para poder abrazar a los padres de Diana Quer, Sandra Palo y Mari Luz Cortés. Lágrimas, besos, y palabras amables fueron la manera de hacer tangibles las más de tres millones de firmas ciudadanas que la plataforma «No a la derogación de la prisión permanente revisable» ha recogido. Un soporte que el padre de Diana Quer no ve en la clase política. Juan Carlos Quer denunció publicamente la inactividad de los partidos que se oponen a la ley y les pidió que «al menos» propongan una alternativa para «no tener que seguir poniendo sobre la mesa cadáveres de víctimas inocentes».
Frialdad de los diputados
La madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, también criticó la «frialdad» que el pasado marzo se encontró en el hemiciclo por parte de algunos diputados. Allí, Pablo Iglesias dio la espalda a las familias cuando fueron a trasladarle su petición y el PSOE votó en contra a las enmientas que PP y Cs presentaron con el objetivo de evitar la derogación.
Durante el acto, las familias de Diana Quer, Sandra Palo y Mari Luz Cortés insistieron en que no sólo son las víctimas las que están pidiendo que no se derogue la prisión permanente, sino que también hay un gran apoyo por parte de la sociedad «que quiere proteger a sus hijos». También recordaron que «la ley no es retroactiva y que la aplicación de la pena no cambiará casos anteriores», aunque sí futuros crímenes similares «que vemos cada día».
En estos momentos el debate político se ha ralentizado tras un arranque de año convulso. La propuesta del PNV superó las dos enmiendas de PP y Cs con el apoyo del resto de grupos. Ahora, solo la mayoría que PP y Cs tienen en la Mesa del Congreso está evitando la derogación. Ambos partidos están frenando la derogación prolongando el trámite de enmiendas.
La que presume de ser la capital española más europea no se ha tomado nada bien, al menos así lo han demostrado sus dirigentes o los que aspiran a serlo, que un ciudadano francés, aunque nacido en ella, se plantee la posibilidad de presentarse a las elecciones a la alcaldía.
El anuncio del exprimer ministro de Francia y barcelonés de nacimiento Manuel Valls de que estudia aceptar la oferta que le ha hecho Ciudadanos para ser su candidato a la alcaldía de Barcelona ha sido acogido con cierto desprecio por el resto de partidos políticos, que le reprochan precisamente eso, su falta de conexión y conocimiento de una ciudad en la que, pese a nacer en ella, nunca ha vivido, tal y como le recuerdan. La europea Barcelona, la Cataluña que siempre tuvo un espejo en Francia, acoge con incomodidad uno de los reflejos precisamente de que la integración europea es una realidad palpable.
Descolocados y soliviantados
Si lo que pretendían en Ciudadanos al filtrar el nombre de Valls era lanzar un globo sonda para calibrar la reacción generada, ciertamente han podido comprobar que la mera hipótesis de que el exprimer ministro socialista pueda participar en la liza por la alcaldía ha descolocado, y soliviantado, a sus adversarios. En la izquierda populista que gobierna la ciudad y en el independentismo que aspira a hacerlo, todos salieron en contra de Valls por considerarlo ajeno a la realidad barcelonesa.
La candidatura alentada por Albert Rivera busca obviamente un efecto más allá de la política local. En el campo secesionista, enfrentarse a un Valls que se ha convertido en emblema de la defensa de la unidad de España se lee como una oportunidad de plantear la batalla de Barcelona en clave nacional, una segunda vuelta de las elecciones de diciembre. En este sentido, Carles Agustí, candidato del PDECat en las primarias que este partido tiene en marcha para elegir alcaldable, volvía ayer a insistir en el proyecto de cuajar una lista independentista transversal, una suerte de Junts per Barcelona, que agita el periodista Jordi Graupera, barcelonés residente en Nueva York, y criticado por las mismas razones que ahora se esgrimen contra Valls.
Cuaje o no esta posibilidad –algo que ahora parece improbable–, tanto Agustí como la otra candidata del PDECat en liza, la exconsejera Neus Munté, ya ven a Valls como candidato a batir. «Un candidato a la alcaldía tiene que sentir Barcelona como suya, y una persona que hace muchos años que no vive en ella no puede conocer su realidad y lo que preocupa a los ciudadanos. No puede conectar desde París con las necesidades de los barceloneses», apuntó Munté.
También aludió a Valls Alfred Bosch, alcaldable de ERC, quien rechazó que Barcelona se convierta en una «pista de paracaidismo»: «Todos tienen derecho a hacer sus propuestas pero en las elecciones nos jugamos hacer una ciudad mejor, no una carrera política mejor».
«Carrera agotada»
En el campo de la izquierda no independentista, el posible aterrizaje de Valls se ve con temor, ya que unas elecciones locales en clave nacional son su peor escenario electoral, el mismo que les ha conducido casi a la irrelevancia en el Parlament. A ello se refirió Jaume Collboni, proclamado ayer de manera oficial candidato del PSC.
«No permitiremos que Barcelona se convierta en un campo de batalla del independentismo, ni en un campo de pruebas fracasadas de la señora Colau. Tampoco permitiremos que Barcelona sea el premio de consolación de carreras políticas fracasadas», apuntó Collboni en alusión a Valls.
La izquierda populista también recela de Valls. El líder de Podem y de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, calificó de «globo sonda» y «política de postureo» su posible candidatura. «Es un anuncio que le interesa a Manuel Valls porque es una persona con una carrera política totalmente agotada en Francia y que así puede salir en los telediarios», apuntó Domènech, quien lamentó que Valls se interese por Barcelona solo para seguir incidiendo en el debate independentista. «El señor Valls debería saber que hay una ciudad que se llama Barcelona y que en esta ciudad se tiene que hablar de los problemas y el futuro de Barcelona. Ya ha demostrado que no tiene proyecto», sostuvo.
Domènech rechaza que sus recelos hacia Valls tengan que ver con el hecho de que lleve muchos años viviendo fuera: «Más allá de dónde has nacido, el tema es si conoces, si tienes una propuesta y si te preocupa la ciudad». Sin aludir a su idoniedad como candidato, para Xavier García Albiol (PPC) la opción Valls «pone en evidencia que Cs es una organización donde se hace exclusivamente lo que dice el líder».
El secretario general del PSOE, Padro Sánchez, que valoró el compromiso de Valls con la unidad de España, manifestó su discrepancia en lo ideológico, a la vez que, apelando a la «elegancia», le deseó «lo mejor en lo político y en lo personal». El exministro Josep Borrell valoró la candidatura de Valls como un ejemplo de lo que ha vanzado la «integración política» en Europa.
Sonrientes ante el estrado los dirigentes territoriales de Ciudadanos escucharon ayer a Albert Rivera decirles que va a haber más fichajes como el de Manuel Valls. Y les pedía que lo entendiesen. «Espero que comprendáis y entendáis que para gobernar es importante que gente buena se incorpore a nuestras listas», les dijo Rivera.
Tras la clausura del I Encuentro Nacional de Ciudadanos todos se hicieron un selfie y siguieron sonriendo. Como si el que apretaba el botón no les acabase de decir que por mucho que no se muevan ya decidirá él si salen o no en la foto. Solo en un partido que hace gala de la centralización de las decisiones puede entenderse esa aceptación.
En esa foto estaba Carina Mejías, que el día antes se había enterado de que Rivera le había propuesto a Manuel Valls ser su candidato a la alcaldía de Barcelona. Una oferta que la deja a ella en una compleja situación. El mensaje debió llegarle también a Ignacio Aguado, portavoz del partido en la Comunidad de Madrid. Fuentes de la dirección aseguran que el caso del máster de Cristina Cifuentes «puede haberlo salvado», apuntando a que su relevo como candidato a la presidencia regional era una decisión «prácticamente tomada». Y que el gran problema era buscar un sustituto. Las dudas eran tan profundas que algún dirigente muy destacado puso encima de la mesa el nombre de Patricia Reyes, diputada en el Congreso.
Su caso es similar al de Miguel Sánchez, portavoz en la Región de Murcia. En ambos casos la dirección nacional está satisfecha con cómo han actuado en las crisis en sus parlamentos, ejecutando «muy correctamente» las directrices de la dirección nacional. En el caso de Aguado el resumen es claro: el caso Cifuentes ha sido un salvavidas, su posición es hoy más sólida que hace un mes.
En Ciudadanos insisten en que no significa necesariamente una revolución, pero que a día de hoy hay pocas certezas absolutas sobre los cabezas de cartel. Rivera apenas ha mostrado un compromiso claro en forma de apoyo público con Begoña Villacís como candidata a la alcaldía de Madrid y en menor medida con Fernando Giner como candidato en Valencia.
Cs no va a celebrar formalmente sus procesos de primarias hasta comienzos de 2019, para dejar tiempo a que puedan producirse estas incorporaciones. El líder de Ciudadanos intentó atajar cualquier conato de malestar recordando a quienes escuchaban que muchos de ellos llegaron de igual modo hace cuatro años: «Van a venir y van a llegar más independientes. Y digo más porque algunos llegasteis como independientes a Ciudadanos».
Salvo cambio de planes Pedro Sánchez no tiene previsto alterar su hoja de ruta para dar a conocer su candidato a la alcaldía de Madrid. «Tiempo al tiempo», repetía esta semana el líder del PSOE. El acuerdo con la federación madrileña es celebrar las primarias después del verano y bien entrado el otoño. El líder sabe de la importaancia de la capital, que además es su federación, y cree que los acontecimientos pueden cambiar mucho.
El motivo de alargar tanto los plazos, cuando en municipios como Barcelona ya hay candidato o cuando en las elecciones andaluzas las primarias serán en junio, es conocer si Manuela Carmena repite o no como candidata. Aunque lo primero parecía la idea instalada Sánchez lleva un tiempo pensando que finalmente podría dar un paso atrás. También aguarda a conocer como resuelve el PP su candidatura, si optando por Pablo Casado o por una figura con peso del Gobierno.
Corregir expectativas
Prácticamente todos los sondeos publicados en las últimas fechas sobre el Ayuntamiento de Madrid sitúan a los socialistas en cuarta posición en la capital de España y en posición gregaria respecto a Manuela Carmena. Los socialistas han realizado recientemente un sondeo interno que pinta un cuadro muy distinto. Dibujaba un triple empate a 14 escaños entre PP, PSOE y Ciudadanos y trasladaba el desgaste de Podemos a nivel nacional a la candidatura de Ahora Madrid, a la que situa con 12 ediles. Además da tres a IU. El mensaje es claro: el PSOE gobernaría liderando un tripartito de izquierdas. Aunque parece más un ejercicio de posibilismo que otra cosa, la intención es clara: trasladar a las anímicas filas socialistas el mensaje de que nada está escrito y de que Carmena no es para tanto. Un mensaje que costará hacer calar después de conocerse esta semana que el líder regional madrileño ofreció «de forma informal» a la actual alcaldesa que se pasase al PSOE y liderase su candidatura.
En las plantas nobles de Ferraz nadie aseguraba estar al tanto. Y el propio Sánchez se ha esforzado, en público y en privado, en dejar claro que Franco no actuaba bajo sus directrices. Pero tanto a nivel regional como federal tenía que explicarse porqué se le había ofrecido, aunque fuese a modo de «chascarrillo». La explicación fue casi peor. Franco reconoció que le dijo a Carmena que «sería una buena candidata» del PSOE por la «admiración» que siente por ella. ¿Cómo iba a pedir el voto el PSOE si la mejor candidata según su criterio está en otra papeleta? Con diferente construcción, esta pregunta se la han hecho muchos cargos socialistas estos días.
Desde Ferraz se guardan los posibles candidatos con mucho celo. El retrato robot todavía es algo débil. Sánchez quiere «una candidatura potente», despejando cualquier posibilidad de apostar por un perfil a medio construir pensando más en el 2023, como se había deslizado desde la dirección regional. Además, Sánchez quiere que la candidata sea mujer. Aunque entre las opciones se ha barajado algún nombre masculino. En estos momentos el nombre no está cerrado, y en la mesa del secretario general hay un reducido número de posibilidades en el que hay militantes pero también alguna figura independiente. El de Beatriz Corredor es el que más circula.
Si la hipótesis de Sánchez se cumple y Carmena no repite el PSOE entiende que todo cambia y que se trasladará al Ayuntamiento de Madrid la dinámica descendente de Podemos a nivel nacional, a la que Sánchez se aferra para liderar la izquierda.
El idilio criminal de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el narco más importante de Europa, y el colombiano Luis Enrique García Arango, «Alan» o «Viejito», se fraguó entre los muros de la desaparecida cárcel de Carabanchel a mediados de los ochenta. Juntos traficaron con tabaco, juntos introdujeron cargamentos de cocaína y juntos cayeron en 2001 y acabaron cumpliendo una importante condena. Ni los millones, ni la droga, ni las traiciones de terceros ni la prisión han roto su alianza. El gallego Sito Miñanco, alias «Mario», es el número uno, el director de la orquesta capaz de pactar hasta el infierno por una partida de cocaína o de hachís y Quique Arango su escudero inseparable, su lugarteniente. Ambos fueron detenidos en febrero junto al resto de la organización, en la operación Mito, y continúan en prisión por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
«Arango es su mano derecha y una de las pocas personas con las que cuenta para tomar las decisiones más importantes», señala la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UdycoCentral) de la Policía en sus informes. Se han convertido en su sombra en los últimos 18 meses, siguiéndolos en sus viajes, en sus reuniones de seguridad. oyéndolos y espiando sus comunicaciones y sus citas.
«Su perro fiel»
Arango viajaba continuamente por toda la geografía española (Madrid, Málaga, Barcelona, Algeciras, Pontevedra) para llevar a cabo las gestiones más importantes y estaba presente en las principales reuniones: en los pisos, chalés y naves de seguridad; en las gasolineras donde se citaban, en los restaurantes de postín, cerrando operaciones con los colombianos y con los holandeses o entregando miles de euros en metálico a un grupo de «mulas» para que los trasladaran a Colombia. «Es su perro fiel», resumen fuentes policiales.
Ese dinero fue interceptado en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017. Se lo había entregado el colombiano a Manuel González, a su mujer y a otros tres miembros de la organización. Manuel declaró que era suyo y que iba a montar una empresa en Colombia. Entre los cinco llevaban 889.470 euros en metálico, ocultos en mochilas negras. Pese a la cantidad perdida, QuiqueArango les volvió a dar dinero, según conversaciones del sumario.
Hay un trayecto en coche en julio de 2017 desde Algeciras (donde vivía Sito Miñanco, en tercer grado) hasta la estación delAVE de Málaga en el que el narco gallego y su hombre de confianza van repasando los proyectos que tienen en marcha y que quedan registrados en el micro instalado en ese vehículo.
Sito:«Se retrasa pero lo importante es que salga (...) yo solo le pido a Dios que no se retrase otra vez (...) si no tenemos un problema serio, porque Kit (Van Rij) no, la gente va a decir que no». En la conversación mucho más larga, Arango asiente y hace algunas acotaciones al jefe. Hablan de un supuesto envío de droga que habrían financiado y se está retrasando y ocasionándoles problemas.
Wifis portátiles
Pese a los teléfonos encriptados que utilizan, los investigadores logran los fotogramas de unos elocuentes mensajes enviados por Arango desde un centro comercial del paseo de la Castellana en Madrid. «Mandé a mi hermano para que viese todo lo que está pasando en Ecuador. Ya vio todo el producto y dice que muy bien.En teoría este finde cargamos», escribe a su interlocutor al que manda recuerdos de «Mario» (Miñanco).
Los teléfonos preocupaban a Sito hasta tal punto de que solo usaban aparatos con sistemas de encriptación PGP y tecnología satélite. En el primer caso llegaron a comprar wifis portátiles para intentar que las comunicaciones a través de sistemas cifrados no fallaran.
Sito está al frente de un nutrídismo grupo de hombres y mujeres que fueron apareciendo y que los investigadores encuadran en los siguientes grupos:coordinación, con Arango, y miembros destacados como David Pérez Lago, el hijastro del capo gallego Laureano Oubiña, y otros de los «directivos» de la mayor confianza de Miñanco. El segundo grupo lo integrarían otros miembros importantes que colaborarían con los primeros, entre los que está su pareja –la colombian Claudia Delgado que regentaba una de las tapaderas de la trama– y una de sus supuestas amantes –Leonor Pérez–, también supuesta participante en transportes de droga o dinero.
Las mujeres, claves
El tercer grupo sería el que proporcionaba la logística e infraestructura; el cuarto, dedicado al transporte marítimo; el quinto se encargaba de los movimientos de dinero en metálico y uno final dedicado al transporte terrestre.
La pareja de Miñanco durante la investigación administraba la sociedad Vicmar, utilizada para elaborar contratos y facturas ad hoc. «Me inventaba nombres y nombres de contratos y hacía contratos ficticios y facturas que las puedo borrar», explica Claudia en una escucha. Su exmujer María Rosa Pouso es propietaria de Inmobiliaria San Saturno, dueña del astillero Facho donde se construían lanchas rápidas para alijar la cocaína.
Del poderío y la influencia de la red de Miñanco, da idea el auto dictado por Lamela justo antes de las detenciones. Los investigadores le pidieron que se les incomunicara 24 horas para evitar que algún miembro de la organización, sus familias o abogados dieran al traste con la operación Mito. Tenía dos folios con decenas de matrículas de policías y guardias civiles.
Naiara estuvo allí, pero dice que no lo vio. «En ningún momento percibimos que estuviera pasando nada», testificó en el juicio una de las camareras del bar Koxka de Alsasua (Navarra), donde dos guardias civiles y sus novias recibieron una paliza en la víspera de la feria del ganado. Lo que estaba pasando aquella madrugada del 15 de octubre de 2016, y que Naiara dice que no vio, es según la Fiscalía una agresión contra dos agentes y sus parejas por el hecho de ser guardias civiles.
Jorge, estudiante, observó «un amontonamiento». «¿Algún empujón? Yo no vi nada». Solo admitió que se formó «una pequeña discusión» en el local, ubicado en la parte vieja de Alsasua. «No le di importancia, pensé que era una más», explicó.
Gorka, que permaneció en el Koxka desde las dos y media hasta el cierre, solo presenció «un rebullón». «Dura un segundo, pasa muy rápido y acaba en la calle». Es amigo de la infancia de un acusado y compañero del equipo de fútbol de otros dos.
Según la declaración de las víctimas, ese «rebullón» fue una agresión que comenzó con empujones, continuó con puñetazos y golpes «desde todos lados», y finalizó con patadas a la cabeza. El teniente, Óscar, tuvo que ser operado por la fractura del tobillo. «Desde que Jokin Unamuno se encara con nosotros, noto empujones y patadas por todos lados. Decidimos salir del bar, pero nos cuesta bastante, hay un pasillo con mucha gente», relató. Eso sucedió en torno a las cuatro de la mañana.
La camarera Naiara, que describió el Koxka como un «bar pequeño», aseguró a los jueces que se enteró de «semejante jaleo» al día siguiente en las noticias de la televisión. Otra camarera tampoco apreció ningún «movimiento violento». El dueño, Josu, apareció para hacer la caja a las cuatro y media. Se percató que había sucedido algo al ver al teniente tendido en la calle.
Ningún testigo presente en el local -salvo Paulette, amigo de tres acusados y de la novia del teniente agredida, que admitió la agresión y cambió el paso del juicio- dice haber visto el ataque. «Pasa algo pero no me entero. Es habitual», señaló otro. «En ningún momento vi una agresión ni nada por el estilo». La Audiencia Nacional juzga a ocho acusados por lesiones y amenazas terroristas por el ataque.
En la calle los testigos tampoco vieron nada. Se contradicen sobre el número de gente presente. Aritz aseguró que como mucho había cinco o seis personas. «Había muy poca gente, prácticamente nadie». Aritz, de 32 años y educador infantil en Alsasua, alcanzó la zona a las cinco y cuarto, después de «potear» en otro bar. «Era un ambiente de fiesta habitual, no me llamó la atención nada», testificó. Vio una ambulancia y una patrulla de la Policía Foral, que acudió tras el aviso del teniente.
La versión de uno de esos dos agentes choca de frente con el testimonio de Aritz. «Había bastante gente en el bar Koxka, en la calle principal y en la plaza de enfrente», narró. Mikel, novio de la acusada Ainara Urquijo, testificó que había «unas quince personas» en la puerta del Koxka. Reimigio, camarero de otro local que pasó por allí a las cinco de la mañana, situó a «quince, veinte o veintitrés» personas. Koldo, repartidor en Alsasua y amigo de los acusados, habló de «barullo».
Las víctimas relatan otra historia distinta a las puertas del Koxka. «Noto que me golpean constantemente, no puedo estar de pie y caigo. Recibo golpes en la cabeza, en la espalda y en las piernas. Nadie nos ayudó», narró el teniente. Su novia, María José, corroboró esa situación: «Él sangraba y la gente seguía pegándole».
Paulette, el testigo que descolocó a las letrados de los acusados, admitió que a los agredidos los sacaron a empujones del local, y reconoció la agresión. «Pasaba gente corriendo, le propinaban un golpe y se iban», declaró, ante el silencio de la sala.
Quien creyese que el Gobierno de Rajoy buscaba la aplicación del 155 en Cataluña para entrar en las consejerías como elefante en una cacharrería, se equivocó de plano. La Moncloa persiguió desde el primer momento la «normalidad» y una buena dosis de «prudencia», para evitar enfrentamientos inútiles, y se dedicó a gestionar de forma aséptica. Los datos lo dicen todo: desde la aprobación del 155, en casi seis meses, los miembros del Gobierno han viajado 46 veces a Cataluña, mientras que en los 11 meses anteriores lo hizo en 153 ocasiones, en plena «operación diálogo». Es decir, en este periodo excepcional su presencia se ha reducido a la mitad respecto al año previo, en el que sí incrementó de forma clara sus desplazamientos.
En cuanto Rajoy formó Gobierno en noviembre de 2016, tras un año de bloqueo político, se puso como objetivo lograr una normalización democrática en Cataluña, mediante lo que se bautizó como «operación diálogo». Al frente puso a su mano derecha, Soraya Sáenz de Santamaría, que se volcó para que esa vía triunfara sobre la estrategia golpista. Lo primero que hizo fue multiplicar la presencia del Gobierno en esa Comunidad. Los actos de todos los miembros del Ejecutivo se dispararon, y la vicepresidenta se instaló incluso en un despacho de la Delegación del Gobierno.
Desde noviembre de 2016, lo primero que intentó el Gobierno fue visualizar de forma clara que el Estado «existe» en Cataluña, y que el Ejecutivo lo es también de todos los catalanes. Desde La Moncloa se dio instrucciones a todos los ministros para que incrementaran su presencia en aquella Comunidad. El resultado fueron 14 viajes por mes. A la cabeza de las «expediciones» se puso la vicepresidenta, con 19 desplazamientos. El presidente Rajoy viajó a Cataluña en nueve ocasiones, sin contar las veces que fue para participar en actos del Partido Popular. La ministra que más viaja a esa Comunidad, como parece lógico, es la de Sanidad, Dolors Montserrat, por ser natural de Barcelona.
El ministro que menos veces ha viajado a Cataluña ha sido el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Desde que se formó Gobierno, en noviembre de 2016, y hasta la aplicación de las medidas excepcionales del 155 en Cataluña, en octubre de 2017, ha viajado solo dos veces a esa Comunidad. Montoro ha sido uno de los ministros más atacados por los independentistas, sobre todo desde que intervino las cuentas públicas de la Generalitat para evitar que se destinara dinero a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
En el lado contrario, el ministro que más veces ha estado en Cataluña, con la excepción de Dolors Montserrat y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ha sido el titular de Fomento, Íñigo de la Serna. Antes del 155 viajó en 15 ocasiones, y después, en siete más. Con la «operación diálogo» en marcha, el Gobierno puso en acento de forma especial en las inversiones y en las infraestructuras que se estaban acometiendo en esa Comunidad Autónoma.
Después del 155
La celebración del referéndum ilegal, la declaración de independencia y la aprobación de las medidas del 155 marcaron un antes y un después. El Gobierno cambió de estrategia, también en lo relativo a su presencia. Los viajes a Cataluña se redujeron de 14 a siete al mes. Desde el 27 de octubre de 2017, Rajoy asumió las funciones del presidente de la Generalitat, que delegó en su vicepresidenta, y los ministros se encargaron de la gestión de las respectivas consejerías. Sin embargo, ni el presidente o la vicepresidenta han pisado el Palau de la Generalitat, ni los ministros las consejerías.
La gestión se hizo a distancia, con mandos intermedios como enlaces. Sobre el terreno, el Gobierno colocó a dos enviados especiales: Roberto Bermúdez de Castro (secretario de Estado para las Administraciones Territoriales) y Enrique Lasso de la Vega (director general de relaciones con las Comunidades Autónomas), con sus correspondientes colaboradores.
El Gobierno buscó una intervención de perfil político bajo en todas las consejerías. Se buscó ante todo «normalidad» y ausencia de enfrentamientos. Por prudencia, bajó el ritmo de desplazamientos, mientras durara el 155. Así, Rajoy pasó de viajar nueve veces en 11 meses, a una en seis meses, sin contar los actos de partido, como los de campaña electoral. La vicepresidenta redujo la intensidad de sus viajes, desde los 19 en el año previo, a solo tres después del 155. El ministro de Exteriores no ha viajado ni una sola vez a Cataluña desde que entraron en vigor las medidas del 155. El titular de Interior pasó de 13 viajes a solo uno. El portavoz, parecido: de ocho desplazamientos a uno. El ministro Catalá también pasó de 11 viajes a cinco.
Este repliegue presencial es circunstancial, como insisten en La Moncloa. La vicepresidenta, en la reciente Convención Nacional del PP en Sevilla, subrayó que es «imprescindible» que el Estado se haga visible en Cataluña «y el Gobierno esté ahí». «Tenemos que estar ahí, hay que volver, compañeros, hay que estar ahí», afirmó. De hecho, ya nada será igual, y en cuanto se forme un nuevo Gobierno autonómico en Cataluña, que desactivará de forma automática el 155, La Moncloa quiere dar una presencia mayor y continua a la acción del Ejecutivo en esta Comunidad.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha asegurado en una entrevista que su Gobierno podría plantearse reanudar su programa nuclear en el caso de que Estados Unidos abandone el denominado como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y restablezca las sanciones económicas.
«Tenemos varias opciones, y entre ellas está la posible reanudación de nuestra actividad nuclear a una velocidad mucho más alta», ha explicado Zarif en una entrevista con la cadena de televisión norteamericana CBS.
El ministro de Exteriores iraní ha añadido que en Teherán ya están preparado para la una posible ruptura del pacto nuclear con Estados Unidos. «Las opciones ya existen y tomaremos la decisión cuando lo consideremos oportuno», ha apuntado.
Rohani avisa de que Irán reaccionará de maneras «esperadas e inesperadas» si EE.UU. abandona el acuerdo nuclear
El conocido como Grupo 5+1 -integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania- firmó el 14 de julio de 2015 con Irán un acuerdo para restringir su programa nuclear a cambio de levantar las sanciones económicas vigentes desde hace años.
En enero de 2016, después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmara que Irán cumplía con las disposiciones del acuerdo, Estados Unidos canceló algunas sanciones impuestas a la república islámica, pero mantuvo en vigor otras restricciones, desvinculadas del programa nuclear.
No obstante, con el cambio de legislatura en Estados Unidos y como consecuencia, de presidente, el tratado nuclear ha sido puesto en duda por el nuevo mandatario norteamericano, Donald Trump. El pasado mes de enero, Trump amenazó con abandonar el tratado "si los países europeos no corrigen los horribles defectos de este acuerdo".
Numerosos municipios de la provincia de Sevilla, incluida la capital, mantienen vínculos históricos y culturales con diferentes ciudades del mundo rubricados a través de hermanamientos. Las hermandades entre ciudades empezaron a partir de la II Guerra Mundial. La hermandad tenían, en un principio, una finalidad centrada en el marco de intercambios culturales. Con los años se añadieron acciones de solidaridad y cooperación y los hermanamientos se ha extendido por todos los continentes. La ciudad de Sevilla tiene relaciones de hermanamiento con 18 capitales. Sólo en los últimos dos años, la capital hispalense se ha hermanado con Medina de Rioseco (Valladolid), Marrakech, San Salvador, Laredo (Cantabria) y el municipio madrileño de Sevilla la Nueva.
El nexo extranjero más evidente que tiene Sevilla es con la ciudad norteamericana de Kansas City, que rotula una de las principales vías de la ciudad. Ambos núcleos se declararon hermanados en el 25 de marzo de 1969, culminando así una «historia de amor», que comenzó en 1922. Fue el año en que, durante una visita, el promotor inmobiliario J.C. Nichols quedó prendado de Sevilla y terminó por construir en USA el centro comercial Country Club Plaza, en el que construyó una réplica de la Giralda. El 25 de marzo de 1969 se conmemoró el hermanamiento con un monumento en la avenida de Kansas City.
La copia de la Giralda en Kansas - ABC
Se trataba de un monolito de piedra blanca de Pedrera, obra de Juan Abascal Fuentes, que ostentaba el escudo de la ciudad norteamericana, tallado en relieve, y la siguiente inscripción: «Sevilla a la ciudad hermana de Kansas City». Con el transcurso de los años la inscripción del monolito era ya prácticamente ilegible. Por ello, fue sustituido por la escultura Indian Scout, obra de Cyrus Edwin Dallin, que había sido expuesta en el Pabellón de Estados Unidos de la Exposición Universal de 1992 de Sevilla con motivo del XXV aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades. El material del monolito original fue empleado como material de acarreo en el basamento del nuevo pedestal. Poco tiempo después de ser colocada, la pluma de ave que la escultura tenía a modo de tocado fue robada, siguiendo así hasta el día de hoy.
También en Estados Unidos se encuentra otra ciudad hermana de Sevilla. Se trata de Columbus, capital de Ohio, con la que estrechó lazos en 1988, después de que la ciudad americana mostrase un gran interés en realizar una réplica de la carabela Santa María. Era su manera de celebrar el quinto centenario deldescubrimiento de América, un episodio de gran valor para una ciudad que toma su nombre del almirante Cristóbal Colón.
Cartagena de Indias
En Sudamérica existen otras ciudades hermanadas con Sevilla: la colombiana Cartagena de Indias, que hace recordar su histórica vinculación comercial cuando, en el siglo XVI, este puerto americano era el principal receptor de mercancías provenientes del sevillano Puerto de Indias; la ciudad mexicana de Guadalajara, que formalizó el vínculo en 1984; Buenos Aires, en 1976; y La Habana, capital de Cuba, en 2007.
Sevilla también tiene lazos con ciudades europeas. Con Angers (Francia), desde 1989, y con Düsseldorf (Alemania), tras 1991. Justo a la mitad de la calle Sierpes existe un azulejo que reza: «Recuerdo del hermanamiento entre la calle Schadowstrasse de Düsseldorf y la de las Sierpes de Sevilla cuyo protocolo se firmó en Alemania el 31 de agosto de 1991. Sevilla, marzo 1992. Año Exposición Universal». Para la asociación de comerciantes de la calle alemana, una de las vías más visitadas de Düsseldorf, era habitual establecer lazos con diferentes calles comerciales del mundo. Cada dos años la City Ring Schadowstrasse celebraba por todo lo alto su unión con una ciudad hermana diferente, un exclusivo club en el que sólo podía entrar una vía por país. La elegida en 1991 fue la universal calle hispalense, que entraba en su lista.
La Koutoubia de Marrakech
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ABC
La idea de los hermanamientos nació en Europa con la intención de intensificar la ayuda, el respeto y la colaboración entre pueblos, reforzar una identidad común y generar proyectos que pudieran ser mutuamente beneficiosos. Lo habitual, aunque no obligatorio, es que ambas partes tengan rasgos comunes. La Unión Europea, en su programa «Europa con los ciudadanos», destinará entre 2014 y 2020, un total de 229 millones de euros a actividades que, entre otras cuestiones, favorezcan el hermanamiento entre ciudades.
Sevilla también tiene nexo con algunas ciudades españolas. Es el caso de Jerez de la Frontera, Barcelona (1987) y Córdoba, que celebró con la capital hispalense un acto como ciudades hermanas el 22 de mayo de 1908. Desde entonces, la antigua calle Alcuceros pasó a rotularse calle Córdoba, y en ella se colocó una cerámica como testimonio. Días más tarde, en Córdoba se colocaron cartelas con el rótulo de Sevilla en la calle del mismo nombre. Sevilla también mantiene vínculos históricos y culturales con Las Palmas de Gran Canaria, donde lo que están hermanados son dos barrios con el mismo nombre: Triana.
Municipios de la provincia sevillana también están hermanados con localidades españolas o de otros países. Es el caso de Alcolea del Río, que está hermanada con Sant Andreu de la Barca (Barcelona). Estepa formalizó el acto de hermanamiento con la ciudad argentina de Corrientes el 3 de abril de 1988, un hecho coincidió con el 400 aniversario de la fundación argentina por el estepeño Juan Torres de Vera. El país suramericano de Nicaragua mantiene lazos de unión con la provincia a través del hermanamiento entre Dos Hermanas y la ciudad nicaragüense de Granada y de Mairena del Aljarafe con el municipio de Ticuantepe. Además, Dos Hermanas está hermanada con Pinar Del Río (Cuba).
En cuanto a hermanamientos de pueblos sevillanos con ciudades europeas destacan Alanís con Esparza (Francia); Alcalá de Guadaíra-Questembert (Francia); Alcalá del Río-Artena (Italia); Écija-Pavillons Sus Bois (Francia) y Chieti (Italia); Espartinas -Vendargues (Francia); Estepa-Badia Polesiene; Gines-Saint- Gély-du-Fesc (Francia); Lora del Río-Zoersel (Bélgica), Mairena del Aljarafe-Montignac (Francia); Marchena-Châteaudun (Francia); Los Palacios- Saint Colomban (Francia); Santiponce-Adamclisi (Rumanía); Tocina-Zejtun (Malta); Valencina de la Concepción-Vauvert (Francia); y Villamanrique de la Condesa- Saintes-Maries-de-la-Mer (Francia).
El samurái Hasejura Tsunenaga en Coria del Río - J. J. ÚBEDA
Los «japoneses» de Coria del Río
El apellido Japón es frecuente en Coria del Río, debido a un hecho histórico, por el que este municipio está hermanado desde 1991 con Sendai (una capital del noreste de la isla japonesa). Muchos habitantes de Coria son descendientes de japoneses que llegaron por el río a este pueblo ribereño en el siglo XVII, en el año 1614, durante la expedición a Europa del samurái Hasekura Tsunenaga. Por ello, muchos vecinos de la localidad conservan aún el apellido Japón como herencia transmitida de esos japoneses que decidieron quedarse en Coria hace más de cuatrocientos años. Entre ambos pueblos se mantienen lazos y que se rubricaron con la visita del príncipe Naruhito a Coria en junio de 2013.
Ignorantes, amnésicos o directamente no competentes. El tribunal del caso ERE lleva semanas escuchando los mismos argumentos exculpatorios. Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y 14 antiguos miembros de sus gobiernos han descargado toda la responsabilidad en sus subordinados y en los interventores o se han escudado en una cadena de errores que les son completamente ajenos, como si el fraude que los ha sentado en el banquillo hubiera brotado por generación espontánea.
Nadie supo ni recuerda ni dio instrucciones para que colaran a falsos trabajadores en ERE de empresas para cobrar una renta de por vida o hasta su jubilación con cargo a fondos públicos. Nadie les informó de que Francisco Javier Guerrero, director de Trabajo durante nueve años, nueve, estuviera dando ayudas excepcionales a empresas inexistentes o «próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz». Hasta que la juez Mercedes Alaya no tiró del ovillo del caso Mercasevilla, nadie se enteró de que la partida 31L nutrió pagos a una tropa de comisionistas por tramitar ERE, con un control nulo sobre los desorbitados márgenes que cobraban.
Si todo fue fruto de un desliz con consecuencias fatales en la gestión de un fondo dotado de 855 millones de euros entre 2000 y 2011, la pregunta parece inevitable: ¿puede repetirse hoy un fraude como el de los ERE?
La Administración autonómica ha revisado parte de los protocolos de vigilancia y control de los fondos públicos en lo que respecta al papel desempeñado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, pero aún persisten algunos ángulos de sombra y vicios heredados de la etapa anterior. Éstos son los principales:
1. Uso de las transferencias de financiación
La Consejería de Empleo utilizó esta herramienta presupuestaria para agilizar los pagos de ayudas a espaldas de la mirada preventiva de los interventores. Año a año enviaba fondos a una agencia externa de la Junta, IFA/IDEA, que se limitaba a abonarlas, a costa de reducir los filtros sobre el movimiento de estos fondos. Según el auto de procesamiento, este artificio se ideó con «el propósito de saltarse los controles de la Intervención General» y creó un caldo de cultivo idóneo para la selección caprichosa de beneficiarios de las ayudas sociolaborales y a empresas. Según la ley, las transferencias de financiación deben emplearse en operaciones genéricas de los entes públicos, pero nunca para pagar subvenciones.
El informe de los peritos de la Intervención General del Estado incorporado al sumario del caso ERE, convertido en la gran pieza a desmontar por las defensas en un juicio, expuso que «nunca» se fiscalizó ni se pudo fiscalizar ningún expediente de concesión de subvenciones debido a que el instrumento de pago lo impedía. Los acusados, en cambio, alegan que el sistema era legal porque figuraban en las cuentas anuales de la Comunidad.
El Ejecutivo otorgó a la Intervención más capacidad de fiscalización previa sobre las transferencias en 2014
Con la sombra de la corrupción acechando, el Ejecutivo otorgó a la Intervención más capacidad de fiscalización previa sobre las transferencias, y no solo a posteriori como hasta ahora. Según fuentes técnicas consultadas, la reforma introducida en la Ley de Presupuestos de 2014 abortaría la posibilidad de pagar ayudas a través del método empleado en los ERE.
La realidad es distinta. Según la Cámara de Cuentas de Andalucía, 22 entidades de la Administración autonómica continúan haciendo un mal uso de las transferencias de financiación. En su informe de la cuenta general de la Junta de Andalucía de 2016 publicado el pasado marzo, detectó que algunas consejerías utilizan a agencias externas para «operaciones de intermediación» relacionadas con el abono de subvenciones, pese a que en teoría está prohibido. Cita los casos de la Agencia Pública Andaluza de Educación y de Extenda, «sustituto legal o intermediaria en el pago de las subvenciones» de la Consejería de Economía, aunque a diferencia de los ERE están reguladas mediante una orden.
Con posterioridad, en enero de 2017, el actual interventor general de la Junta, Vicente Fernández, realizó unas instrucciones para acabar con la indefinición que rodeaba la emisión del informe de actuación. La Intervención estará obligada a emitirlo cuando el ente fiscalizado haga caso omiso a sus recomendaciones para solventar las irregularidades o cuando aprecie un menoscabo de fondos públicos.
La ausencia de un informe de actuación en el caso ERE fue uno de los motivos alegados por Griñán, exconsejero de Hacienda, y de su exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo, para no haber tomado medidas cuando el exinterventor, Manuel Goméz, acusado en el juicio, envió a tres exconsejeros un informe en el año 2005 que concluía que se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido.
2. El reglamento de la Intervención
La Junta ultima un reglamento que define con nitidez el alcance del control de la Intervención en los entes públicos. «En caso de inactividad de los órganos llamados a actuar en estos casos», se dan armas al interventor para acudir al Consejo de Gobierno o a los juzgados. De haber existido esta norma, el fraude de los ERE tal vez no habría llegado tan lejos. El reglamento se encuentra en exposición pública y tiene que ser informado por el Consejo Consultivo antes de ser aprobado. Todavía no están fijadas qué operaciones estarán sometidas a un control previo y a posteriori.
3. Subvenciones sin justificar
Los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2018 permiten abonar «hasta el cien por cien del importe» de determinadas subvenciones sin que los beneficiarios hayan presentado una sola factura que acredite el destino del dinero público. Para aplicar esta excepción a la regla general de la Ley de Subvenciones basta con que un consejero lo proponga discrecionalmente y que el Consejo de Gobierno lo apruebe alegando «razones de interés público, social, económico o humanitario». Este mecanismo extraordinario fue utilizado de forma generalizada por la Consejería de Empleo para seguir dando nuevas ayudas para cursos de formación a entidades receptoras de fondos sin estar justificadas las anteriores.
4. Sin oficina Antifraude, tres años después
Tres años después de la victoria de Susana Díaz en las autonómicas, no ha visto la luz la propuesta estrella de su programa electoral: la creación de la Oficina contra el Fraude Fiscal y la Corrupción. Con esta promesa, la presidenta andaluza buscaba así romper cualquier cordón umbilical con la «herencia» de los ERE que tanto le avergonzaba.
Su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, le puso fecha y anunció que en 2016 estaría en marcha el nuevo órgano encargado de «prevenir, detectar y denunciar malas prácticas» en el uso de los fondos públicos. El proyecto, recogido en el acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos que permitió a Díaz convertirse en presidenta, ha tenido que rectificarse porque colisionaba con competencias estatales. El Gobierno andaluz confía en que empiece a funcionar el próximo mes.
Sea como fuere, no hay método infalible. Como proclamó exinterventor en el juicio, «cuando se quiere gestionar irregularmente, se gestiona irregularmente y ahí no hay informe que valga».
Susana Díaz, en el Parlamento andaluz - JUAN FLORES
La recuperación del dinero malversado, cada vez más lejana
Llevaba sólo cien días en el Gobierno tras relevar a Griñán cuando la presidenta Susana Díaz anunció que iba a destinar «hasta el último euro de dinero público defraudado» que se recupere a fomentar la contratación de jóvenes. Tres años y medio después, aquellas palabras chocan con la realidad. La Junta reclama por vía administrativa 135,3 millones de las ayudas concedidas para prejubilaciones desviadas a otros fines. Sólo ha recuperado 4,6 millones de euros, según los últimos datos expuestos por su consejera de Hacienda en el Parlamento andaluz en noviembre. Tras abrirse la investigación del caso ERE, la Junta empezó a declarar nulas todas las ayudas con el fin de iniciar su devolución. En el frente judicial, la recuperación también se complica. Tras pedir el archivo de la pieza política del caso ERE, la Audiencia de Sevilla impide a la Junta reclamar el dinero malversado a quienes intervinieron en el reparto de las ayudas, que se investigan en otras piezas separadas del caso ERE, ya que han sido excluidos de las mismas por la juez Núñez.
